El anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que cancelará el aeropuerto de Ciudad de México que ya se construye en Texcoco abre la incógnita sobre el financiamiento de su propuesta para instalar un aeródromo en donde hoy se encuentra la base aérea de Santa Lucía.
Los gastos que México tendrá que asumir en los próximos años sumarán tanto las pérdidas por el proyecto cancelado, Cancelación del Aeropuerto , como el costo de la nueva terminal y la remodelación del aeropuerto Benito Juárez, actualmente en operaciones. En algunos de sus mensajes López Obrador ha mostrado algunos datos sobre el financiamiento que este cambio de planes requerirá, aunque su equipo ha reconocido que todavía no se han realizado todos los estudios sobre la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
El coste estimado del aeropuerto de Texcoco fue de 285.000 millones de pesos (14.200 millones de dólares), mientras que la propuesta para Santa Lucía está calculada en 75.000 millones de pesos. Sin embargo, al nuevo aeropuerto habría que sumar el precio que supone suspender una obra pública en construcción que se calcula en unos 120.000 millones de pesos.
“Esta estimación es muy conservadora porque habrá muchos contratistas que vayan a tribunales, incluso a Estados Unidos para recuperar la mayor cantidad posible de su inversión”, explica Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), por la Cancelación del Aeropuerto.
Hasta aquí el Gobierno de López Obrador tendría una diferencia de 90.000 millones de pesos respecto al proyecto que Enrique Peña Nieto lanzó en 2014. Sin embargo, el presidente electo ha garantizado que tanto el aeropuerto Benito Juárez como el de Toluca serán remodelados para desahogar el tráfico aéreo, sin incluir una cifra aproximada de su coste. Como antecedente, la construcción de la T2 del aeropuerto Benito Juárez costó en 2008 unos 109.000 millones de pesos.
En la ecuación también es importante considerar aquellos gastos que ya no pueden recuperarse: los cimientos de un aeropuerto cuya construcción ha avanzado un 31%.
El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, encargado de la administración de los contratos, estima que hasta ahora se han pagado 60.000 millones de pesos, de los cuales unos 45.000 millones serán imposibles de compensar. “De nada sirven los ejercicios de austeridad del Gobierno de López Obrador si se tira obra pública que ya se pagó a la basura”, añade Pardinas.
La decisión de Cancelación del Aeropuerto de suspender el aeropuerto de Texcoco ha tensado la relación entre López Obrador y los empresarios mexicanos. La incertidumbre ha tocado a los mercados y a la moneda mexicana. La construcción de un aeropuerto, bajo cualquier escenario, necesita una importante inversión privada dado que el Estado no puede financiar inmediatamente ese gasto.
En el caso de Texcoco, el 90% de los recursos eran privados. El cambio de planes de última hora, cuando una buena parte de los contratos ya estaban asignados, supone un mayor riesgo para quienes en el futuro deseen respaldar de alguna forma un proyecto de obra pública del Gobierno de López Obrador.
El crédito para financiar el proyecto de Santa Lucía, probablemente, será más costoso, dado que la percepción de que el riesgo de invertir en México ha aumentado en los últimos días. La calificadora de riesgo Moody’s, por ejemplo, rebajó el lunes la nota a los bonos del aeropuerto de Texcoco.
Simultáneamente, el abandono de la obra en Texcoco exigiría, de acuerdo con la ley y a la Resolución en Materia de Impacto Ambiental, elaborar un plan de cierre y abandono del sitio de la Cancelación del Aeropuerto. Este plan deberá implicar la demolición y retiro de todos los elementos y estructuras ya construidos (terminal, pistas, obras hidráulicas, caminos, bardas), y restablecer el sitio a las condiciones previas al desarrollo de la obra. El costo sería astronómico. En caso de incumplir estas disposiciones, la obra del NAIM en Texcoco significaría grandes e irreversibles impactos ambientales, urbanos y territoriales no mitigables ni compensables sin la conclusión del proyecto, y quedaría como una colosal pústula y monumento negro que proyectaría una oscura sombra sobre el próximo gobierno.
Más aún, México se quedaría sin aeropuerto. La “opción” de Santa Lucía carece de estudios, que llevarían años, así como de proyecto ejecutivo, y de financiamiento. Habría que desalojar y reubicar a miles de familias y a las instalaciones estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas que hay en Santa Lucía; se desconoce el costo de semejante éxodo militar. Sería imposible, de acuerdo con la legislación de obra pública, hacer asignaciones directas, Cancelación del Aeropuerto evitar licitaciones y simplemente trasladar contratos a un nuevo proyecto que en el mejor de los casos podría iniciar construcción en cinco o seis años. Además, claro, tendrían que hacerse nuevas y cuantiosas inversiones en parchar el actual aeropuerto y el de Toluca, y en construir grandes obras de conectividad y accesibilidad para Santa Lucía.
El periodista René Delgado hizo una lectura similar en su columna en Reforma, en donde afirmó que había dos temas en la discusión sobre el NAIM y Santa Lucía: uno "formal y otro sustancial", el primero era analizar la consulta, mientras que el sustancial es "convertir el tema en la arena para medir fuerzas de poder entre el gobierno entrante y el sector empresarial, ocasión para fijar los términos de la relación entre sí", escribió en su columna Sobreaviso.
Por su parte, Carlos Loret de Mola, columnista de El Universal, consideró que el debilitamiento del peso frente al dólar se debió más "la idea del manotazo de poder (estilo Salinas con La Quina, Zedillo con Raúl,Peña con Elba Esther) que la singular oferta de catafixiar los contratos de Texcoco por unos en Santa Lucía y alguna otra obra pública como método para evitar el golpe a las empresas".
El propio López Obrador reforzó esta idea con una de las frases que utilizó durante un video publicado el 30 de octubre, en el que, entre otras cosas, aseguró:
"Ya se hizo un cambio en el país, hay que notificarles a algunos que ya es otro México; que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los mexicanos, los mexicanos quieren que se destierre la corrupción y la impunidad", agregó López Obrador.
Pero los empresarios no guardaron silencio, y a través de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, hicieron llegar el siguiente mensaje:
"(AMLO) Prometió que de haber una consulta popular, sería con apego a la ley, en cumplimiento de la Ley de Consulta Popular. Nos mintió, esto no ocurrió", indicó en conferencia de prensa tras el anuncio por parte del equipo de transición de la Cancelación del Aeropuerto.