La Evolución del Apoyo Social en México: De PROSPERA a los Programas del Bienestar
El concepto de apoyo gubernamental es fundamental para entender el desarrollo social y político de México en las últimas décadas. La intervención del Estado a través de programas sociales ha sido una constante, transformándose en su enfoque, alcance y filosofía con cada administración. Uno de los pilares históricos de esta política fue, sin duda, el apoyo de PROSPERA. Este programa, conocido en sus inicios como Progresa y luego Oportunidades, representó un cambio de paradigma en la asistencia social en México y a nivel mundial. [3, 5] Nació en 1997 como una respuesta a la necesidad de combatir la pobreza extrema de manera integral. [5] Su diseño se basaba en las transferencias monetarias condicionadas (TMC), un modelo que buscaba no solo aliviar la necesidad económica inmediata, sino también romper el ciclo intergeneracional de la pobreza invirtiendo en el capital humano de las familias más vulnerables. Las familias beneficiarias recibían un ingreso a condición de cumplir con corresponsabilidades clave: garantizar la asistencia escolar de los hijos y acudir a revisiones médicas periódicas. Este enfoque fue aplaudido internacionalmente e incluso replicado en decenas de países. [3] Durante más de veinte años, el apoyo de PROSPERA fue el eje de la política social mexicana, llegando a cubrir a millones de familias y representando una porción significativa de su ingreso. [9, 22] Sin embargo, el programa no estuvo exento de críticas y desafíos, como problemas de focalización y la dependencia que podía generar en los beneficiarios. La llegada de una nueva administración en 2018 marcó el fin del apoyo de PROSPERA y su sustitución por un nuevo conjunto de 'Programas para el Bienestar'. [13, 22] Esta transición implicó un cambio filosófico radical: se pasó de las transferencias condicionadas a los apoyos directos y universales, eliminando las corresponsabilidades. La lógica detrás de este cambio fue la de considerar estos apoyos como un derecho ciudadano y no como una dádiva condicionada, además de buscar eliminar intermediarios y reducir la burocracia. Programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro se convirtieron en los nuevos estandartes. En este complejo mosaico de políticas sociales, interactúan diferentes niveles de gobierno y actores. Mientras el gobierno federal implementaba el apoyo de PROSPERA, a nivel estatal surgían otras iniciativas. Un ejemplo notorio es el apoyo de salario rosa, un programa del Estado de México que coexistió con los federales. [8] Este programa, del cual se hablará más adelante y es conocido también como el apoyo del salario rosa o simplemente apoyo salario rosa, se enfocaba específicamente en mujeres dedicadas al trabajo del hogar no remunerado, mostrando la diversificación de estrategias de apoyo social en el país. [11] Incluso la dimensión internacional juega un rol, aunque de manera indirecta. El apoyo de Estados Unidos a México, si bien se concentra en áreas como seguridad (Iniciativa Mérida) y cooperación económica, tiene efectos tangenciales en el entorno social. [7, 35] Un ambiente de mayor seguridad y estabilidad económica, teóricamente, facilita la implementación y el éxito de los programas de apoyo social internos. El debate sobre qué modelo de apoyo es más efectivo continúa vigente y es central en la política mexicana. Por un lado, los defensores del modelo de corresponsabilidad del apoyo de PROSPERA argumentan que incentivaba la inversión en salud y educación, con efectos positivos demostrados a largo plazo. Por otro lado, los proponentes de los apoyos directos actuales defienden la idea de empoderar a los ciudadanos con la libertad de usar los recursos según sus propias prioridades, viéndolo como una cuestión de dignidad y derechos. Este debate involucra directamente al poder legislativo; diputados y senadores son responsables de analizar, debatir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se asignan los miles de millones de pesos necesarios para financiar estos programas masivos. Las discusiones en el Congreso suelen ser intensas, reflejando las distintas visiones de país que cada partido político representa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha jugado un papel, sentando precedentes sobre la naturaleza de los derechos sociales y la obligación del Estado de garantizarlos. La transición del apoyo de PROSPERA hacia los nuevos programas también implicó un rediseño institucional, con la Secretaría de Bienestar asumiendo un rol protagónico y la creación de una vasta estructura de 'Servidores de la Nación' para la entrega de los apoyos, una estrategia que también ha generado controversia por su posible uso político. Entender la evolución desde el apoyo de PROSPERA hasta el esquema actual es crucial. No se trata solo de un cambio de nombres o de montos, sino de una profunda redefinición de la relación entre el Estado y los ciudadanos más vulnerables, una discusión que sigue abierta y cuyas consecuencias se seguirán evaluando por años. En este contexto, la coexistencia de programas como el apoyo de salario rosa y la influencia de factores externos como el apoyo de Estados Unidos, demuestran la multiplicidad de fuerzas que moldean la política de apoyo del gobierno en México.
La implementación, supervisión y evaluación de estos programas son tareas hercúleas que requieren de aparatos burocráticos robustos y mecanismos de transparencia eficaces. El antiguo apoyo de PROSPERA, por ejemplo, fue uno de los programas más evaluados del mundo. Organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) jugaron un papel crucial en medir su impacto, identificando tanto sus logros, como la mejora en la asistencia escolar y la salud infantil, como sus limitaciones. [26] Estas evaluaciones eran fundamentales para justificar la continuidad y el financiamiento del programa ante el Congreso y la opinión pública. Con la nueva generación de programas, el desafío de la evaluación persiste. Si bien la entrega directa simplifica la logística, medir el impacto real en la reducción de la pobreza multidimensional y en el desarrollo de capacidades se vuelve más complejo sin las corresponsabilidades como indicadores directos. La crítica principal se centra en si estos apoyos, aunque necesarios, son suficientes para generar movilidad social sostenible sin componentes de acompañamiento. En este panorama, el debate sobre el apoyo del salario rosa en el Estado de México ofrece un contrapunto interesante. [19] Mientras los programas federales se universalizaban, este programa estatal mantenía una focalización muy específica: mujeres. Esto abre un debate sobre las políticas de apoyo con perspectiva de género. Sus defensores argumentan que es una forma de reconocer y compensar el trabajo de cuidados no remunerado, que recae desproporcionadamente en las mujeres y cuyo valor económico es inmenso. El apoyo salario rosa buscaba, al menos en su discurso, empoderar económicamente a este sector de la población. Sin embargo, sus detractores señalan que puede reforzar roles de género tradicionales y, peor aún, ser utilizado con fines clientelares en periodos electorales, una acusación recurrente en la historia de los programas sociales en México y que también enfrentó en su momento el apoyo de PROSPERA. La influencia del apoyo de Estados Unidos en el tejido social mexicano es un tema más sutil pero no menos importante. La cooperación en materia de seguridad, por ejemplo, bajo marcos como la Iniciativa Mérida, busca fortalecer las instituciones de justicia mexicanas y combatir al crimen organizado. [35] El éxito o fracaso de estas iniciativas tiene un impacto directo en la vida de las comunidades, especialmente en las más afectadas por la violencia. Un entorno seguro es una precondición para que cualquier programa de desarrollo social, como lo fue el apoyo de PROSPERA o los actuales, pueda funcionar adecuadamente. Además, la cooperación económica y para el desarrollo, a través de agencias como USAID, a menudo financia proyectos a nivel local sobre desarrollo sostenible, gobernanza y prevención de la violencia, complementando los esfuerzos del gobierno mexicano. La relación entre legisladores, como diputados y senadores, y los programas de apoyo es simbiótica y a menudo conflictiva. Los legisladores no solo aprueban el presupuesto, sino que también actúan como gestores de estos apoyos en sus distritos y estados, lo que les da una plataforma política importante. Esto puede llevar a tensiones sobre la distribución de los recursos y la operación de los programas, donde se cruzan los intereses partidistas con las necesidades reales de la población. La fiscalización de estos recursos es otra función clave del poder legislativo, realizada a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisa anualmente la cuenta pública y ha señalado irregularidades y áreas de mejora tanto en el antiguo apoyo de PROSPERA como en los programas actuales. Mirando hacia el futuro, el sistema de apoyo social en México enfrenta enormes desafíos. El envejecimiento de la población ejercerá una presión creciente sobre el programa de pensiones para adultos mayores. La sostenibilidad fiscal de un esquema de apoyos universales en un contexto de crecimiento económico moderado es una preocupación constante para economistas y hacedores de política. La tecnología ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la transparencia en la entrega de los apoyos, pero también plantea riesgos en términos de brecha digital y seguridad de los datos. La herencia del apoyo de PROSPERA sigue presente, como un recordatorio de un modelo integral que, con sus fallas, buscaba resultados medibles en capital humano. El modelo actual, por su parte, prioriza la transferencia de ingreso y la libertad de elección. El debate sobre cuál es el mejor camino para reducir la desigualdad y promover la justicia social en México está lejos de terminar. Y en medio de esta discusión nacional, programas como el apoyo del salario rosa nos recuerdan la importancia del contexto local, mientras que la compleja relación de apoyo de Estados Unidos nos obliga a considerar las dinámicas globales que impactan al país. El diseño del futuro del apoyo gubernamental deberá, idealmente, combinar las lecciones aprendidas de todos estos modelos y experiencias para construir un sistema más justo, eficaz y sostenible para todos los mexicanos.
Programas Estatales y Debates Políticos: El Caso del Apoyo Salario Rosa
Más allá de la arquitectura de los programas sociales federales, el panorama del apoyo gubernamental en México se enriquece y complica con la existencia de iniciativas a nivel estatal. Cada una de las 32 entidades federativas tiene la facultad de diseñar e implementar sus propias políticas sociales, adaptadas a sus realidades demográficas, económicas y políticas. Uno de los casos más emblemáticos y polémicos de los últimos años ha sido el apoyo de salario rosa, implementado en el Estado de México. [8] Este programa, también conocido popularmente como apoyo del salario rosa o simplemente apoyo salario rosa, se convirtió en el buque insignia de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza (2017-2023). [21] Su objetivo principal, según el discurso oficial, era proporcionar un apoyo económico directo a mujeres de entre 18 y 59 años dedicadas al trabajo del hogar, que no percibieran una remuneración formal y se encontraran en condición de pobreza. [11, 16] El programa otorgaba un pago bimestral de 2,400 pesos y buscaba, además, ofrecer capacitación para el autoempleo, asesoría psicológica y acompañamiento jurídico. [8, 19] La justificación conceptual del apoyo de salario rosa se centra en la economía del cuidado y la perspectiva de género. Reconoce que el trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres, tiene un valor económico inmenso (estimado en más del 20% del PIB nacional) pero es invisible en las estadísticas y no es remunerado. [19] En este sentido, el programa se presentaba como una forma de justicia social, una compensación económica que buscaba empoderar a las mujeres y darles autonomía financiera. Sin embargo, desde su creación, el apoyo del salario rosa estuvo envuelto en una intensa controversia. La crítica más fuerte y persistente fue su presunto uso como un mecanismo de clientelismo político y coacción del voto. [21] El programa nació como una promesa de campaña y su implementación fue fuertemente asociada a la figura del gobernador y su partido, el PRI. Organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición denunciaron en repetidas ocasiones que la entrega de las tarjetas se intensificaba en periodos pre-electorales y que las beneficiarias eran presuntamente presionadas para participar en eventos políticos y apoyar a los candidatos oficialistas. Estas acusaciones llevaron el debate hasta los tribunales electorales, que emitieron varias sentencias sobre la necesidad de blindar el programa para evitar su uso con fines proselitistas. Otro ángulo del debate se centró en su efectividad como herramienta de empoderamiento. Mientras que sus defensores sostenían que el apoyo salario rosa mejoraba el ingreso de los hogares y la capacidad de decisión de las mujeres, los críticos argumentaban que el programa podía reforzar los roles de género tradicionales, al vincular el apoyo económico directamente con la condición de 'ama de casa'. Esto, según esta visión, podría desincentivar la búsqueda de empleo formal o de oportunidades educativas por parte de las mujeres. La comparación con otros modelos de apoyo es inevitable. Mientras el histórico apoyo de prospera federal condicionaba la ayuda a la inversión en educación y salud de los hijos, buscando una movilidad social a largo plazo, el apoyo de salario rosa se enfocaba en una transferencia más directa a la mujer, con un componente de capacitación a menudo criticado por su bajo alcance y efectividad. La discusión sobre estos dos enfoques refleja una tensión fundamental en la política social: ¿es mejor un apoyo condicionado que guíe la inversión de la familia hacia el capital humano, o un apoyo incondicionado que respete la autonomía de la beneficiaria? El contexto político del Estado de México, la entidad más poblada del país y con un peso electoral decisivo, exacerbó la politización del apoyo del salario rosa. El programa se convirtió en un campo de batalla discursivo entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Mientras el primero defendía su iniciativa estrella, el segundo, de un partido político distinto, criticaba su posible uso clientelar y lo contrastaba con su propio modelo de programas universales. La dimensión internacional también se hace presente en este análisis, aunque de forma indirecta. El apoyo de Estados Unidos a México en materia comercial y de inversiones, por ejemplo, impacta la economía del Estado de México, un gigante industrial y logístico. La estabilidad económica y la generación de empleos formales en la entidad son factores que determinan el universo de mujeres que podrían necesitar o ser elegibles para el apoyo salario rosa. Una economía estatal robusta, impulsada en parte por la relación con EE.UU., teóricamente debería reducir la dependencia de este tipo de programas de asistencia. El rol del congreso local en la supervisión del apoyo del salario rosa fue crucial, aunque a menudo limitado por las mayorías políticas. Los diputados de oposición constantemente solicitaron mayor transparencia en el padrón de beneficiarias y en las reglas de operación, mientras que la bancada oficialista defendía la legitimidad y los beneficios del programa. La Auditoría Superior del estado también realizó observaciones sobre su implementación, señalando áreas de oportunidad en términos de transparencia y medición de impacto. Con el cambio de gobierno en el Estado de México en 2023, y la llegada de un nuevo partido al poder (Morena), el futuro del apoyo salario rosa se volvió incierto. La nueva administración, alineada con el gobierno federal, ha sido crítica con el programa y ha lanzado su propia iniciativa llamada 'Mujeres con Bienestar', que mantiene el enfoque de género pero con un nuevo diseño y narrativa política. Esto demuestra cómo los programas de apoyo social están íntimamente ligados a los ciclos políticos y a las visiones de los gobiernos en turno. La experiencia del apoyo del salario rosa deja lecciones importantes. Por un lado, visibilizó la importancia de discutir políticas de apoyo con perspectiva de género y de reconocer el trabajo de cuidados. Por otro lado, subrayó los enormes riesgos de clientelismo y politización que conllevan los programas sociales, especialmente aquellos que no tienen un carácter universal y cuyas reglas de operación son opacas. Este caso de estudio es un microcosmos que refleja las grandes tensiones de la política social mexicana: la lucha entre focalización y universalidad, entre condicionalidad y transferencia directa, entre el genuino deseo de apoyo y la tentación de su uso electoral. Y todo ello, enmarcado en una estructura federal donde conviven y compiten las políticas nacionales, como el legado del apoyo de prospera, y las dinámicas internacionales, como el multifacético apoyo de Estados Unidos.
Cooperación Internacional y el Futuro de los Apoyos Gubernamentales
La política de apoyo social de un país no opera en el vacío. Está profundamente interconectada con dinámicas globales, acuerdos internacionales y relaciones bilaterales. En el caso de México, la dimensión internacional más influyente es, sin lugar a dudas, su relación con Estados Unidos. El apoyo de Estados Unidos a México es un concepto multifacético que va mucho más allá de la simple ayuda económica. [7, 28] Se manifiesta principalmente en tres grandes áreas: cooperación en seguridad, colaboración económica y comercial, y asistencia técnica para el desarrollo. [30] Comprender cómo esta cooperación impacta el tejido social mexicano es clave para analizar el contexto en el que se desenvuelven los programas de apoyo del gobierno. La cooperación en seguridad ha sido el eje más visible de la relación bilateral durante las últimas dos décadas. Iniciativas como el Plan Mérida, lanzado en 2007, y sus acuerdos sucesores, han canalizado miles de millones de dólares en equipo, capacitación y asistencia técnica para las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia en México. [35] El objetivo declarado es combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico de armas. Si bien este apoyo de Estados Unidos no se traduce directamente en transferencias monetarias para la población, su impacto en la gobernabilidad y la paz social es innegable. Un estado de derecho fortalecido y niveles de violencia reducidos son condiciones necesarias para que cualquier política social, ya sea el antiguo apoyo de prospera o los programas actuales, pueda implementarse de manera efectiva y segura. [22] Cuando la violencia desplaza comunidades o desarticula la economía local, los programas de apoyo se convierten en meros paliativos en medio de una crisis mayor. Por ello, el éxito o fracaso de esta cooperación en seguridad tiene consecuencias directas en el bienestar de la población a la que el gobierno mexicano busca apoyar. Económicamente, la relación es aún más profunda. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. [28] El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estructura una de las relaciones comerciales más grandes del mundo. [7] Este entramado de comercio e inversión genera millones de empleos en México y es el motor de vastas regiones del país. Este tipo de apoyo de Estados Unidos, a través del acceso a su mercado, es fundamental para la estabilidad macroeconómica de México. Los ingresos fiscales que el gobierno mexicano obtiene de esta actividad económica son la fuente primaria de financiamiento para todos sus programas, incluyendo los de apoyo social. Por lo tanto, una relación comercial sana y fluida con EE.UU. es vital para la sostenibilidad fiscal de programas como la Pensión del Bienestar o las becas estudiantiles. En este contexto, debates sobre políticas proteccionistas o disputas comerciales pueden tener un impacto directo en la capacidad del gobierno mexicano para financiar su agenda social. Un tercer pilar es la asistencia para el desarrollo, canalizada a través de agencias como USAID. Este apoyo suele ser más focalizado, financiando proyectos de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales en temas como la prevención de la violencia juvenil, la promoción de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Estos proyectos, aunque de menor escala que los grandes programas gubernamentales, pueden funcionar como laboratorios de innovación social y complementar los esfuerzos nacionales. Es en este complejo escenario internacional donde el gobierno mexicano debe diseñar el futuro de sus políticas de apoyo. La experiencia acumulada es vasta. El apoyo de prospera, por ejemplo, es un modelo estudiado mundialmente que dejó lecciones valiosas sobre los beneficios de la condicionalidad y la inversión en capital humano, pero también sobre sus costos burocráticos y sus posibles efectos no deseados. [3, 9] Por otro lado, la experiencia con programas como el apoyo de salario rosa en el Estado de México ha puesto sobre la mesa la importancia crítica de discutir la economía del cuidado y el empoderamiento femenino, al tiempo que ha servido como una advertencia sobre los peligros de la politización y el uso clientelar de los recursos públicos. [19, 21] El debate en torno al apoyo del salario rosa y su variante, apoyo salario rosa, es un recordatorio constante de que el diseño de programas debe ser sensible al género, pero también robusto en sus mecanismos de transparencia. De cara al futuro, los desafíos son monumentales. La transición demográfica hacia una población más envejecida pondrá una presión fiscal enorme sobre los sistemas de pensiones. La automatización y la inteligencia artificial transformarán el mercado laboral, requiriendo nuevas formas de apoyo para la reconversión profesional y el desempleo. El cambio climático podría generar nuevas olas de desplazamiento y vulnerabilidad. Para enfrentar estos retos, México necesitará un sistema de apoyo social que sea a la vez financieramente sostenible, tecnológicamente avanzado y políticamente legítimo. El poder legislativo, conformado por diputados y senadores de diversas fuerzas políticas, tendrá la responsabilidad histórica de forjar los consensos necesarios para adaptar el marco legal e institucional. Decisiones sobre reformas fiscales, la regulación de nuevas tecnologías y la creación de un sistema de cuidados universal pasarán necesariamente por el Congreso de la Unión. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia continuará delineando el alcance de los derechos sociales y la obligación del Estado para garantizarlos. La política social del futuro podría consistir en un modelo híbrido, que combine la universalidad y simplicidad de las transferencias directas actuales con componentes de acompañamiento y formación inspirados en las lecciones del apoyo de prospera. Podría incorporar mecanismos de reconocimiento al trabajo de cuidados, aprendiendo de las intenciones del apoyo de salario rosa pero con candados anti-clientelares mucho más estrictos. Todo esto, sin perder de vista que la viabilidad de cualquier estrategia nacional depende en gran medida de un entorno internacional estable, donde el apoyo de Estados Unidos y la cooperación global jueguen a favor del desarrollo y la paz. La construcción de un verdadero estado de bienestar es el gran pendiente de México, un objetivo que requerirá visión de Estado, acuerdos políticos y una ciudadanía activa y vigilante. Para más información sobre los programas actuales, se puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. [10]
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