El Marco Institucional de la Vivienda en México: Pilares del Gobierno
El derecho a una vivienda adecuada es un pilar fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su Artículo 4°, que establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Para dar cumplimiento a este mandato, el gobierno de México ha construido a lo largo de décadas un complejo andamiaje institucional diseñado para facilitar el acceso a la Vivienda a millones de mexicanos, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. Este entramado es liderado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la cual funge como la cabeza del sector y la principal rectora de la política nacional en la materia. [7, 30] La misión de la SEDATU es, en esencia, impulsar un desarrollo territorial que sea sostenible e incluyente, coordinando las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo agrario y, crucialmente, el desarrollo urbano y de vivienda adecuada. [7] Su labor es transversal y busca articularse con el Plan Nacional de Desarrollo para mejorar el bienestar de la población en todo el territorio. [7]
Bajo la sombrilla de la SEDATU operan los dos gigantes del financiamiento de vivienda en México: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). El INFONAVIT, fundado en 1972, es una institución tripartita en la que participan el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Su objetivo principal es administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, constituido con las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario de los trabajadores del sector privado. A través de este fondo, el INFONAVIT otorga créditos hipotecarios y no hipotecarios, permitiendo a los trabajadores adquirir, construir, remodelar o pagar una hipoteca existente. Recientemente, se han implementado reformas significativas, impulsadas desde el poder ejecutivo y debatidas por diputados y senadores, para flexibilizar el uso de los ahorros y ofrecer más y mejores soluciones de vivienda. [2, 5, 20] Este enfoque renovado busca que cada apoyo de vivienda sea más accesible y se adapte a las necesidades cambiantes de la fuerza laboral mexicana. La colaboración entre FOVISSSTE e INFONAVIT también se ha fortalecido, permitiendo ahora a los trabajadores que cotizan en ambos sistemas unir sus créditos, ampliando su capacidad de compra. [2, 44]
Por su parte, el FOVISSSTE cumple una función análoga para los trabajadores al servicio del Estado. Creado en 1972, este fondo otorga créditos mediante un sistema de puntaje o sorteos, permitiendo a los servidores públicos acceder a un financiamiento competitivo para la adquisición de su hogar. Al igual que el INFONAVIT, el FOVISSSTE ha evolucionado, ofreciendo hoy diversos esquemas de crédito que se pueden mancomunar con cónyuges o familiares, una medida que refleja una política de vivienda más inclusiva y social. [2, 25] Estas instituciones son cruciales para el mercado hipotecario y juegan un papel contracíclico en la economía, inyectando inversión en el sector de la construcción y generando empleos. La correcta administración y transparencia en estos organismos es un tema de constante debate político, involucrando la supervisión de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en la aprobación de sus presupuestos y la evaluación de su desempeño.
El tercer pilar institucional es la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un organismo descentralizado de la SEDATU que tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar la política de subsidios del gobierno federal. La CONAVI es el brazo ejecutor de los programas de vivienda social, dirigidos a la población de más bajos ingresos que no tiene acceso a los créditos de INFONAVIT o FOVISSSTE. [3, 16] Su labor es fundamental para atender el rezago habitacional cualitativo y cuantitativo, ofreciendo un apoyo de vivienda bienestar a través de programas que otorgan recursos directos para la construcción, ampliación o mejoramiento de las casas. [13, 16] Estos programas, como el Programa de Vivienda Social (PVS), son una manifestación directa de la política social del gobierno actual, que busca priorizar a los más pobres. [3] La CONAVI trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales para identificar a las familias beneficiarias y asegurar que los recursos se apliquen correctamente. El concepto de bienestar apoyo a la vivienda se materializa en estas acciones, que no solo proveen un techo, sino que también mejoran las condiciones de salubridad y seguridad de las familias en zonas marginadas. [46]
Finalmente, la Secretaría de Bienestar ha adquirido un rol cada vez más protagónico en el sector. A través de su estructura y censos, esta secretaría identifica a potenciales beneficiarios de los apoyos a la vivienda, asegurando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. [6] Programas como "Por una Mejor Vivienda" son gestionados en coordinación con CONAVI, pero distribuidos a través de la amplia red de la Secretaría de Bienestar, lo que garantiza una capilaridad y un alcance que otras instituciones no poseen. [13, 22] Este enfoque subraya un cambio de paradigma: la vivienda ya no es vista solo como un producto financiero, sino como un habilitador de bienestar social. La implementación de estos apoyos a menudo involucra la participación directa de la comunidad, como en la producción social de vivienda asistida, un modelo que fomenta la autogestión y el uso de recursos locales. Sin embargo, persisten grandes desafíos, como la necesidad de asegurar que los programas como el conceptual "mi casa ya ministerio de vivienda", aunque más asociado a otros países latinoamericanos como Colombia, se traduzcan en una realidad tangible para los mexicanos a través de estas instituciones. [21] El éxito depende de la coordinación interinstitucional, la transparencia en el uso de los recursos públicos, y la capacidad de adaptar las políticas a la compleja y diversa realidad habitacional de México. El poder legislativo, con diputados y senadores, juega un rol vital en la supervisión y la asignación de presupuestos para que estos programas no solo existan en el papel, sino que transformen vidas.
Subtítulo Adicional: La Evolución de las Políticas de Vivienda
Las políticas de vivienda en México han transitado por diversas fases, reflejando los cambios económicos, políticos y sociales del país. Durante gran parte del siglo XX, el enfoque gubernamental se centró en la construcción masiva de grandes desarrollos habitacionales en las periferias de las ciudades. Si bien esta estrategia permitió a millones de familias acceder a una primera vivienda, también generó problemas significativos, como la expansión urbana descontrolada, la falta de servicios y equipamiento adecuado, y la creación de "ciudades dormitorio" desconectadas de las fuentes de empleo. Esta crítica al modelo anterior ha impulsado a la administración actual, a través de la SEDATU, a promover un nuevo paradigma de desarrollo urbano orientado a la consolidación de las ciudades existentes, el rescate de viviendas abandonadas y la promoción de la vivienda intraurbana. Se estima que existen cientos de miles de viviendas abandonadas, un legado de políticas fallidas que el gobierno ahora busca revertir a través de programas de regularización y recuperación. [9]
El INFONAVIT y el FOVISSSTE también han tenido que adaptarse. Originalmente concebidos como sistemas para la adquisición de vivienda nueva, hoy ofrecen una gama mucho más amplia de productos. Los trabajadores pueden solicitar créditos para mejorar o ampliar su vivienda actual, un apoyo de vivienda crucial para combatir el hacinamiento y el deterioro habitacional. Asimismo, pueden utilizar su crédito para pagar una hipoteca bancaria, lo que introduce un elemento de competencia en el mercado financiero y otorga mayor libertad de elección al derechohabiente. La reciente reforma que permite a los trabajadores retirar la totalidad de sus ahorros en la Subcuenta de Vivienda al momento de su jubilación, si no ejercieron un crédito, fue un cambio legislativo importante, producto de debates en el Congreso y una sentida demanda social. Estas transformaciones buscan empoderar al trabajador y hacer del apoyo de vivienda bienestar una realidad más flexible y personalizada.
La producción social de vivienda, impulsada activamente por CONAVI, es otro pilar de la política actual. [27] Este enfoque reconoce que las familias, con la asistencia técnica adecuada, son capaces de gestionar la construcción de sus propias casas, lo que no solo reduce costos, sino que también garantiza que la vivienda responda a sus necesidades y cultura. Se ofrecen apoyos a la vivienda en forma de subsidios directos y acompañamiento técnico, permitiendo a las comunidades organizadas llevar a cabo sus proyectos. Este modelo es particularmente efectivo en zonas rurales e indígenas, donde los sistemas constructivos tradicionales y las formas de organización comunitaria pueden ser aprovechados. La idea de un bienestar apoyo a la vivienda se ve reflejada en el fortalecimiento del tejido social que estos proyectos generan. [46]
La coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) es indispensable para el éxito de estas políticas. La federación, a través de la SEDATU y CONAVI, establece las directrices y aporta la mayor parte de los recursos para los subsidios. Los estados, por su parte, deben alinear sus planes de desarrollo urbano y vivienda con la estrategia nacional, y a menudo cofinancian programas. Los municipios tienen la responsabilidad crucial de la gestión del suelo, la provisión de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) y la emisión de permisos de construcción. La falta de planeación urbana a nivel local es uno de los mayores obstáculos para una política de vivienda efectiva. [10] Por ello, el gobierno federal ha puesto un énfasis especial en apoyar a los municipios para que actualicen sus planes de ordenamiento territorial, una herramienta clave para guiar el crecimiento de manera ordenada y sostenible y hacer posible que la visión de "mi casa ya ministerio de vivienda" se concrete en localidades bien planificadas.
Programas Clave de Apoyo a la Vivienda en el Gobierno Actual
En el corazón de la estrategia del gobierno mexicano para abatir el rezago habitacional se encuentra una diversidad de programas diseñados para atender a diferentes segmentos de la población. Estos programas de Vivienda buscan ir más allá del simple financiamiento, aspirando a generar un impacto tangible en la calidad de vida de las familias. Uno de los estandartes de la administración actual es el Programa por una Mejor Vivienda (PMV), operado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en coordinación con la Secretaría de Bienestar. [13, 14, 22] Este programa es un claro ejemplo del concepto de apoyo de vivienda bienestar, ya que entrega de manera directa y sin intermediarios un subsidio económico a familias de bajos ingresos para que realicen acciones de ampliación o mejoramiento en sus hogares. [26] Los montos, que pueden rondar los 35,000 pesos para mejoramiento y hasta 90,000 para ampliación, son determinados según la necesidad y se enfocan en zonas prioritarias con altos índices de marginación. [16, 26]
La lógica detrás del PMV es la confianza en la gente; las familias deciden cómo y en qué invertir el recurso, ya sea en construir un cuarto adicional, reforzar la estructura, cambiar el techo o instalar un baño, atendiendo así sus necesidades más apremiantes. [13] Este apoyo de vivienda no solo combate el hacinamiento y mejora la salubridad, sino que también reactiva las economías locales, pues los materiales y la mano de obra se suelen contratar en la misma comunidad. [14] La selección de beneficiarios se realiza a través de los censos y asambleas comunitarias, dando prioridad a hogares encabezados por mujeres, con integrantes con discapacidad, adultos mayores o pertenecientes a comunidades indígenas. [16] Los trámites son gratuitos y se advierte constantemente a la población para que no caiga en engaños de gestores o intermediarios. [12]
Otro programa fundamental es el Programa de Vivienda Social (PVS), también a cargo de la CONAVI. [3, 33] A diferencia del PMV que se centra en el mejoramiento, el PVS puede ofrecer subsidios para la adquisición de una vivienda nueva o para la autoproducción de la misma en terreno propio. Opera bajo esquemas de cofinanciamiento, donde el subsidio federal se complementa con el ahorro de la familia, créditos de entidades financieras sociales o aportaciones de gobiernos locales. [33] Este es uno de los principales apoyos a la vivienda para la población no afiliada a la seguridad social, es decir, que no tiene acceso a INFONAVIT o FOVISSSTE. El programa busca garantizar que la vivienda resultante sea adecuada, lo que implica que cuente con seguridad estructural, servicios básicos, espacios suficientes y una ubicación segura. El PVS es una herramienta clave para atender a los sectores más desfavorecidos y hacer posible el sueño de "mi casa ya ministerio de vivienda", un anhelo popular que, si bien se asocia a la nomenclatura de otros países, refleja la aspiración universal a tener un hogar propio y seguro. [21] Las políticas de este programa son evaluadas constantemente para asegurar que el bienestar apoyo a la vivienda llegue efectivamente a quienes lo necesitan.
Para los trabajadores formales, las opciones de crédito a través de INFONAVIT y FOVISSSTE siguen siendo la vía principal de acceso a la vivienda. El INFONAVIT ha diversificado enormemente su cartera de productos. Más allá del crédito tradicional, ofrece "Unamos Créditos", que permite a dos personas, sin necesidad de estar casadas, juntar sus financiamientos para obtener un monto mayor. [2] También existe "Crediterreno", para la compra de suelo con uso habitacional, y "Mejoravit", un crédito no hipotecario para reparaciones menores. [44] La reforma a la Ley del Infonavit, aprobada por diputados y senadores, ha sido un hito, pues ahora permite que el Instituto participe directamente en la construcción de vivienda, con el objetivo de ofrecer opciones más asequibles y controlar los precios del mercado. [5, 20] Esta medida ha sido presentada como una solución para el problema de la vivienda cara y escasa, especialmente en los segmentos de interés social. [17]
El FOVISSSTE, por su parte, también ha modernizado sus esquemas. El crédito "FOVISSSTE para Todos" combina el saldo de la subcuenta de vivienda con un crédito bancario a una tasa preferencial, ampliando la capacidad de compra del trabajador. Además, el innovador esquema "FOVISSSTE-INFONAVIT Unidos" permite a derechohabientes de ambas instituciones mancomunar sus créditos, lo cual es ideal para familias donde un cónyuge trabaja para el gobierno y otro en el sector privado. [32, 44] Estos programas y flexibilizaciones representan un esfuerzo consciente por parte del gobierno para ofrecer un apoyo de vivienda que se ajuste a las trayectorias laborales y familiares del siglo XXI. La meta es clara: garantizar que el derecho a la Vivienda no sea un privilegio, sino una posibilidad real para todos los trabajadores que cotizan al sistema.
Subtítulo Adicional: La Implementación Regional y los Nuevos Planes
La aplicación de los programas de vivienda no es homogénea en todo el territorio mexicano. La SEDATU y la CONAVI focalizan sus esfuerzos en regiones con mayor rezago habitacional y pobreza. El sureste del país (estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz) y las periferias de las grandes metrópolis, como el Valle de México, son zonas de atención prioritaria. [13] El gobierno ha lanzado planes integrales, como el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que no solo incluye acciones de vivienda, sino también la construcción de espacios públicos, parques, mercados, escuelas y centros de salud. [4] La idea es realizar intervenciones integrales que transformen el entorno y generen bienestar comunitario. De esta forma, el apoyo de vivienda bienestar se enmarca en una visión más amplia de desarrollo urbano y cohesión social.
De cara al futuro, se ha anunciado un ambicioso plan para construir un millón de viviendas durante el actual sexenio, con una inversión significativa proveniente tanto de recursos públicos como de los fondos de INFONAVIT y FOVISSSTE. [1, 34] Este plan contempla una vertiente de vivienda en renta con opción a compra, especialmente dirigida a los jóvenes. [6, 11] El objetivo es ofrecer una alternativa al mercado de alquiler, que a menudo es caro y precario, permitiendo a los jóvenes pagar una renta justa que eventualmente se bonifique al costo total de la vivienda si deciden comprarla. Este es quizás el programa que más se asemeja al concepto de "mi casa ya ministerio de vivienda", al facilitar el primer acceso a un hogar. [38] Sin embargo, analistas han señalado retos importantes para la ejecución de este plan, como la necesidad de adquirir reservas territoriales a precios razonables, garantizar procesos de construcción eficientes y transparentes, y establecer mecanismos justos para la asignación de las viviendas. [1, 28]
El papel del poder legislativo será fundamental en los próximos años. La aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales en materia de vivienda será una tarea prioritaria para diputados y senadores. [15, 20] Estas leyes deberán definir los detalles operativos de los nuevos programas, como los términos del arrendamiento social, los criterios de elegibilidad y los mecanismos para que INFONAVIT actúe como constructor. El debate político en torno a estas leyes será intenso, pues se confrontarán visiones distintas sobre el papel del Estado y el mercado en la provisión de vivienda. Garantizar que todos los apoyos a la vivienda se manejen con transparencia y sin fines clientelares será el mayor desafío, en un país donde los programas sociales han sido históricamente vulnerables a la manipulación política, un delito que hoy se castiga severamente. [8] El éxito de la política de vivienda del gobierno dependerá de su capacidad para implementar estos ambiciosos programas de manera eficaz y equitativa, transformando el panorama habitacional de México y consolidando la Vivienda como un verdadero pilar del bienestar.
Retos, Críticas y el Futuro de la Vivienda en México
A pesar de la existencia de un robusto marco institucional y una multiplicidad de programas, la política de Vivienda del gobierno mexicano enfrenta enormes desafíos. [9] Uno de los problemas más acuciantes es la asequibilidad. En las principales ciudades del país, el precio del suelo y de la vivienda ha aumentado a un ritmo mucho mayor que los salarios, haciendo prácticamente imposible para un gran sector de la población, especialmente los jóvenes y los trabajadores de bajos ingresos, adquirir una propiedad en zonas bien ubicadas. [10, 19] Este fenómeno, conocido como gentrificación, expulsa a los residentes originales hacia las periferias, profundizando la segregación socio-espacial y agravando los problemas de movilidad y acceso a servicios. El reto del gobierno es mayúsculo: se necesita una política de gestión del suelo mucho más proactiva, que incluya la creación de reservas territoriales públicas y la implementación de instrumentos para capturar las plusvalías generadas por la inversión pública, y así poder ofrecer vivienda asequible donde más se necesita.
Otro desafío crítico es el déficit cualitativo y cuantitativo. Según diversas estimaciones, México necesita construir cientos de miles de viviendas nuevas cada año solo para mantener el ritmo de la formación de nuevos hogares. [19] Pero más allá de la cantidad, está el problema de la calidad. Un porcentaje significativo del parque habitacional existente carece de servicios básicos, presenta materiales precarios o sufre de hacinamiento. Aquí es donde programas como el PMV buscan incidir, pero la escala del problema es tal que los recursos asignados a menudo parecen insuficientes. Por ello, el apoyo de vivienda no puede limitarse a la entrega de subsidios; debe ir acompañado de asistencia técnica de calidad y de una regulación más estricta sobre la calidad de los materiales y los procesos constructivos. La producción social de vivienda, aunque es un modelo prometedor, también enfrenta obstáculos como la falta de acceso a financiamiento y la complejidad de los trámites para la regularización de la tierra, aspectos donde el apoyo de vivienda bienestar debe ser más efectivo.
Las críticas a las políticas de vivienda no han sido escasas. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se ha puesto un fuerte énfasis en el enfoque social, algunos analistas señalan que el ritmo de construcción de vivienda nueva ha sido inferior al de sexenios anteriores. [17] Se argumenta que el enfoque en subsidios para mejoramiento, si bien necesario, no ha resuelto la necesidad de nueva oferta, especialmente en el segmento económico. [17] Además, la promesa de no repetir los errores del pasado —la construcción de desarrollos masivos y alejados— choca con la realidad de un mercado inmobiliario que sigue empujando el crecimiento hacia las periferias. La implementación del ambicioso plan de un millón de viviendas será la prueba de fuego para la actual administración. [1, 28, 34] Para que este esfuerzo no se convierta en una repetición de modelos fallidos, será crucial la coordinación intergubernamental y una planificación territorial rigurosa, algo que históricamente ha sido un punto débil en México. [10]
El debate legislativo en el Congreso de la Unión es un campo de batalla clave para el futuro de la vivienda. Las reformas constitucionales recientes, que devuelven al INFONAVIT la capacidad de construir y establecen las bases para un sistema de arrendamiento social, han sido aprobadas en lo general con un amplio consenso, pero la creación de las leyes secundarias es donde radicará la verdadera disputa política. [5, 15, 20] Senadores y diputados de la oposición han expresado preocupaciones sobre la posible creación de una burocracia ineficiente en INFONAVIT, el riesgo de corrupción y la competencia desleal con los desarrolladores privados. Por su parte, el partido en el poder y sus aliados defienden las reformas como la única vía para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y no como una mercancía. [20, 41] La redacción final de estas leyes, que deberá ocurrir en los próximos meses, definirá el modelo de apoyos a la vivienda para los años venideros. Lograr un consenso que brinde certeza jurídica y fomente un verdadero bienestar apoyo a la vivienda será una tarea compleja para los legisladores.
Mirando hacia el futuro, la política de vivienda deberá ser cada vez más resiliente y sostenible. El cambio climático obliga a pensar en viviendas que resistan fenómenos meteorológicos extremos y que sean eficientes en el uso de energía y agua. La SEDATU, a través de sus lineamientos, ya promueve estos principios, pero su adopción a gran escala requiere de incentivos, normativas y financiamiento adecuado. La visión de "mi casa ya ministerio de vivienda" debe incorporar la variable ecológica para ser completa. [21] Además, las nuevas dinámicas demográficas, como el envejecimiento de la población y la reducción del tamaño de los hogares, demandan soluciones habitacionales más diversas, como viviendas más pequeñas, con accesibilidad universal o modelos de co-residencia. El gobierno, a través de sus instituciones de Vivienda, y en diálogo constante con el poder legislativo y la sociedad civil, tiene la responsabilidad histórica de sentar las bases para un desarrollo urbano más justo, incluyente y sostenible para las próximas generaciones de mexicanos. Para más información sobre los programas, se puede consultar el portal oficial del Gobierno de México sobre los Programas para el Bienestar. [24, 40]
Subtítulo Adicional: Perspectivas y la Participación Ciudadana
El futuro de la política de vivienda en México no puede concebirse sin una participación ciudadana activa y significativa. La era de las políticas diseñadas desde un escritorio y aplicadas de manera vertical está llegando a su fin. Experiencias como la producción social de vivienda asistida demuestran que cuando las comunidades se involucran en el diseño y la construcción de sus hogares, los resultados son más sostenibles y apropiados culturalmente. [27] El gobierno debe fortalecer estos mecanismos de participación, no solo como una formalidad, sino como un eje central de su estrategia. Esto implica crear consejos ciudadanos de vivienda a nivel local, realizar consultas públicas vinculantes sobre los grandes proyectos urbanos y facilitar el acceso a la información de manera clara y transparente. Un ciudadano informado es el mejor vigilante contra la corrupción y la ineficiencia en la aplicación del apoyo de vivienda.
Las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de arquitectos y urbanistas, y la academia también juegan un papel insustituible. Son estas entidades las que a menudo proponen las soluciones más innovadoras, denuncian las irregularidades y evalúan el impacto real de las políticas públicas. La SEDATU y la CONAVI han mantenido foros y mesas de diálogo con estos actores, un ejercicio que debe consolidarse y profundizarse. [27] Estos espacios son vitales para nutrir al gobierno con nuevas ideas y para construir los consensos necesarios para las reformas de largo aliento. Un bienestar apoyo a la vivienda se construye colectivamente, sumando el conocimiento técnico con la experiencia vivida de las comunidades.
Finalmente, el reto de la regularización de la propiedad sigue siendo una asignatura pendiente para millones de familias. La certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra es el primer paso para que una familia pueda invertir en su hogar y acceder a servicios y financiamiento. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) realiza una labor fundamental en este campo, pero sus recursos son limitados frente a la magnitud del problema. Agilizar y abaratar los procesos de escrituración es uno de los apoyos a la vivienda más efectivos y con mayor impacto social que se pueden ofrecer. La meta de entregar un millón de escrituras durante el sexenio es ambiciosa y requerirá una coordinación impecable entre el INSUS, los notarios públicos y los registros públicos de la propiedad de cada estado. [36] Transformar la aspiración de "mi casa ya ministerio de vivienda" en un derecho plenamente ejercido por todos los mexicanos es la meta final, un objetivo que solo se alcanzará con políticas de Estado audaces, sostenidas en el tiempo y construidas sobre la base de la justicia social y la participación democrática. El camino es largo y lleno de obstáculos, pero la consolidación de la Vivienda como derecho es una condición indispensable para el desarrollo y la paz social en México.
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