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El Sistema Penitenciario en México: Hacia una Reinserción Social Efectiva y Humana

Resumen ejecutivo

El Gobierno de México ha compartido información actualizada sobre el Sistema Penitenciario. Conoce más detalles en nuestro portal oficial.

El Sistema Penitenciario en México: Hacia una Reinserción Social Efectiva y Humana

El Sistema Penitenciario Mexicano es un componente fundamental del sistema de justicia penal y de la estrategia de seguridad pública del Estado Mexicano. Su principal encomienda, establecida en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es organizar el sistema sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Este portal del Gobierno de México ofrece información detallada sobre su estructura, funcionamiento, programas y los esfuerzos continuos para su modernización y humanización.

Marco Jurídico y Normativo del Sistema Penitenciario

El funcionamiento del Sistema Penitenciario en México se sustenta en un robusto marco jurídico que busca garantizar tanto la seguridad de la sociedad como los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (PPL). La normativa aplicable es extensa y se actualiza constantemente para responder a las dinámicas sociales y a los estándares internacionales.

Los pilares de este marco son:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Principalmente el artículo 18, que establece los fines de la pena y los principios rectores del sistema penitenciario, incluyendo la reinserción social. También son relevantes los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21, que consagran derechos humanos, el debido proceso y las bases del sistema de justicia penal. Puede consultarse en el portal de la Cámara de Diputados.
  • Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): Publicada en 2016, esta ley es el instrumento normativo central que regula la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los órganos jurisdiccionales. Establece los derechos y obligaciones de las PPL, las atribuciones de las autoridades penitenciarias, los procedimientos para el internamiento, los beneficios preliberacionales y las bases para los programas de reinserción social. Disponible para consulta en el Diario Oficial de la Federación y sitios legislativos.
  • Leyes Orgánicas de las Administraciones Públicas Federal y Estatales: Definen las competencias de las Secretarías y dependencias involucradas en la administración penitenciaria.
  • Reglamentos Internos de los Centros Penitenciarios: Cada centro penitenciario, ya sea federal o estatal, cuenta con un reglamento interno que detalla las normas de convivencia, disciplina, horarios, visitas y acceso a servicios.
  • Tratados y Convenciones Internacionales: México es parte de numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos que son vinculantes para el sistema penitenciario, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
  • Protocolos y Manuales Específicos: Existen protocolos para la actuación del personal penitenciario en diversas situaciones (traslados, motines, atención médica, etc.) y manuales que guían la implementación de programas específicos.

Este marco normativo es dinámico y se encuentra en constante revisión y adaptación por parte del Poder Legislativo y las autoridades ejecutoras, con el fin de mejorar la eficacia del sistema y asegurar el pleno respeto a la dignidad humana.

Órganos Rectores y Responsables del Sistema Penitenciario Mexicano

La administración, operación y supervisión del Sistema Penitenciario Mexicano es una tarea compleja que involucra a diversas instituciones en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y, en menor medida, municipal. Esta estructura busca una gestión coordinada para el cumplimiento de los fines constitucionales.

A Nivel Federal:

  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada de formular y conducir las políticas de seguridad pública, incluyendo la política penitenciaria a nivel nacional. A través de ella, se establecen las directrices generales para la administración de los centros federales y se promueve la coordinación con las entidades federativas. Para más información, visite www.gob.mx/sspc.
  • Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS): Adscrito a la SSPC, el OADPRS es el organismo responsable directo de la administración y operación de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) y del Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI). Sus funciones incluyen la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas por delitos federales, la implementación de programas de reinserción social, la clasificación de las PPL, y la supervisión del cumplimiento de la normativa penitenciaria en el ámbito federal. Consulte su información en www.gob.mx/prevencionyreadaptacion.

A Nivel Estatal:

  • Secretarías de Seguridad Pública o de Gobierno Estatales: Cada una de las 32 entidades federativas cuenta con una estructura administrativa responsable de sus propios centros penitenciarios, comúnmente conocidos como Centros de Reinserción Social (CERESOS) o reclusorios estatales. Estas dependencias, usualmente Secretarías de Seguridad Pública o Secretarías de Gobierno, adaptan las políticas nacionales a las particularidades locales y gestionan los recursos para la operación de sus prisiones.
  • Direcciones Generales de Prevención y Reinserción Social Estatales: Análogas al OADPRS federal, estas direcciones son las encargadas operativas de los sistemas penitenciarios estatales, ejecutando las políticas dictadas por los gobernadores y las secretarías correspondientes.

Órganos de Supervisión y Garantía de Derechos:

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Comisiones Estatales de Derechos Humanos: Estas instituciones autónomas tienen un papel fundamental en la supervisión del respeto a los derechos humanos de las PPL. Realizan visitas periódicas a los centros penitenciarios, emiten recomendaciones a las autoridades y elaboran diagnósticos sobre la situación del sistema, como el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). Visite www.cndh.org.mx.
  • Poder Judicial (Jueces de Ejecución): Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la figura del Juez de Ejecución es crucial. Estos jueces son responsables de vigilar que la ejecución de las sentencias se realice conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos de las PPL, resolviendo controversias y autorizando beneficios preliberacionales.

Participación Municipal:

Si bien los municipios no administran centros penitenciarios para personas sentenciadas, pueden tener a su cargo separos preventivos para infractores administrativos o personas detenidas en espera de ser puestas a disposición de autoridades ministeriales. Además, los gobiernos municipales colaboran activamente en programas de prevención del delito y en la implementación de estrategias de reinserción social para personas externadas, facilitando su reintegración a la comunidad a través de bolsas de trabajo, programas de apoyo social y fomento de la cohesión comunitaria.

La coordinación interinstitucional entre estos actores es vital para el correcto funcionamiento del sistema y para avanzar hacia los objetivos de reinserción social y seguridad pública.

Objetivos Fundamentales del Sistema Penitenciario Mexicano

Conforme al artículo 18 Constitucional y la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Sistema Penitenciario Mexicano persigue objetivos claros y trascendentales para la justicia y la cohesión social:

  1. Lograr la Reinserción Social Efectiva de la Persona Sentenciada: Este es el objetivo primordial. Se busca que, a través de un plan de actividades individualizado, la persona privada de la libertad adquiera herramientas, habilidades y valores que le permitan reintegrarse a la sociedad de manera productiva y respetuosa de la ley, evitando la reincidencia delictiva.
  2. Procurar que la Persona Sentenciada No Vuelva a Delinquir: Íntimamente ligado al anterior, este objetivo se enfoca en la prevención especial, es decir, en modificar las conductas y factores criminógenos que llevaron a la persona a cometer un delito.
  3. Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad: El Estado tiene la obligación de asegurar que todas las PPL sean tratadas con dignidad y respeto, garantizando sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la alimentación adecuada, al contacto con el exterior, a la defensa legal, y a no ser sometidas a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  4. Mantener la Seguridad, el Orden y la Disciplina en los Centros Penitenciarios: Es indispensable asegurar condiciones de gobernabilidad dentro de los establecimientos para proteger la integridad de las PPL, del personal penitenciario y de los visitantes, así como para evitar fugas y la comisión de delitos desde el interior.
  5. Proteger a la Sociedad: Al mantener a las personas que han cometido delitos y representan un riesgo separadas temporalmente de la comunidad, se contribuye a la seguridad pública. Sin embargo, este objetivo debe equilibrarse con el de la reinserción, entendiendo que la mayoría de las PPL eventualmente regresarán a la sociedad.

Estos objetivos se materializan a través de la implementación de programas y acciones específicas en áreas como la educación, el trabajo, la capacitación laboral, la salud física y mental, el deporte, y el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales.

Estructura y Tipos de Centros Penitenciarios en México

La infraestructura penitenciaria en México es variada y se organiza principalmente según el fuero (federal o estatal) y el tipo de población que alberga. Esta clasificación permite una gestión más especializada y adaptada a las necesidades específicas de cada grupo.

Según el Fuero:

  • Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS): Son administrados por el OADPRS, dependiente de la SSPC. Albergan a personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal, así como a aquellas que, habiendo cometido delitos del fuero común, requieren medidas especiales de seguridad o son consideradas de alta peligrosidad. Estos centros suelen tener regímenes de seguridad más estrictos.
  • Centros Estatales de Reinserción Social (CERESOS) o Reclusorios: Son administrados por los gobiernos de cada entidad federativa. Alojan a personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común. Su número y capacidad varían significativamente entre estados.

Según la Población y Especialización:

  • Centros Femeniles de Reinserción Social: Destinados exclusivamente a mujeres privadas de la libertad. Deben contar con instalaciones y programas adecuados a las necesidades específicas de género, incluyendo atención médica especializada, espacios para la convivencia con hijos menores (en los casos permitidos por la ley) y programas de empoderamiento.
  • Centros para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal: Operan bajo un sistema especializado de justicia para adolescentes, enfocado en la reintegración social y familiar, y en la educación. Se rigen por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
  • Centros Varoniles (Preventivos y de Sentenciados): La mayoría de los centros penitenciarios albergan a población masculina, distinguiendo a menudo entre áreas para procesados (en prisión preventiva) y sentenciados.
  • Centros Federales de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI): Atienden a personas que, además de estar privadas de la libertad, requieren atención psiquiátrica especializada.
  • Comunidades para la Atención Especializada de las Adicciones: Algunos sistemas penitenciarios cuentan con módulos o centros enfocados en el tratamiento de adicciones para PPL.

Además, dentro de los centros pueden existir secciones o módulos con diferentes niveles de seguridad, desde mínima hasta máxima, dependiendo del perfil criminológico y la conducta de las PPL. La correcta clasificación de la población penitenciaria es crucial para una gestión eficiente y para la implementación de programas de reinserción adecuados.

Programas Integrales de Reinserción Social

La reinserción social es el eje rector del sistema penitenciario mexicano, tal como lo mandata el artículo 18 Constitucional. La Ley Nacional de Ejecución Penal detalla que esta se fundamenta en cinco ejes principales: el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. El Gobierno de México, a través de las autoridades penitenciarias federales y en coordinación con las estatales, implementa diversos programas para hacer efectivos estos ejes.

1. Educación:

Se busca garantizar el acceso a la educación básica (alfabetización, primaria, secundaria), media superior y, en algunos casos, superior, a través de convenios con instituciones como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y universidades públicas. También se ofrecen cursos y talleres de formación cívica y cultural.

2. Trabajo y Capacitación Laboral:

Se promueve la participación de las PPL en actividades laborales remuneradas dentro de los centros, ya sea en talleres productivos (carpintería, herrería, costura, panadería, etc.) o en servicios generales. La capacitación para el trabajo es fundamental, ofreciendo cursos y certificaciones en diversos oficios que faciliten la empleabilidad al obtener la libertad. Se establecen convenios con empresas y organizaciones para fomentar la 'industria penitenciaria' y la comercialización de productos elaborados por las PPL.

3. Salud Integral:

Se debe garantizar el acceso a servicios de salud médica, odontológica y psicológica. Esto incluye atención preventiva, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, atención a padecimientos crónicos, programas de salud mental, prevención y tratamiento de adicciones, y atención especializada para grupos vulnerables (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad).

4. Deporte:

La práctica deportiva se fomenta como medio para mejorar la salud física y mental, promover la disciplina, el trabajo en equipo y canalizar la energía de manera positiva. Se organizan torneos, competencias y se facilita el acceso a instalaciones deportivas básicas.

5. Actividades Culturales, Recreativas y de Vinculación Social:

Se promueven actividades artísticas (música, teatro, pintura), talleres de lectura, y eventos culturales que contribuyen al desarrollo personal y a un ambiente menos hostil. Es crucial el fortalecimiento de los lazos familiares y sociales a través de un régimen de visitas adecuado y programas de apoyo familiar.

La implementación de estos programas requiere una planificación individualizada (Plan de Actividades) para cada PPL, considerando su perfil, necesidades e intereses. El éxito de la reinserción depende de la calidad, continuidad y pertinencia de estos programas, así como de la coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad civil.

Desafíos Actuales del Sistema Penitenciario Mexicano

A pesar de los avances normativos y los esfuerzos gubernamentales, el Sistema Penitenciario Mexicano enfrenta una serie de desafíos complejos y persistentes que dificultan el pleno cumplimiento de sus objetivos constitucionales y legales. Abordar estos retos es prioritario para el Gobierno de México.

  • Sobrecupo y Hacinamiento: Muchos centros penitenciarios, especialmente a nivel estatal, operan por encima de su capacidad instalada. El hacinamiento genera condiciones insalubres, incrementa la tensión y la violencia, dificulta la clasificación adecuada de las PPL y limita el acceso a programas de reinserción.
  • Corrupción e Impunidad: La corrupción permea en algunos casos las estructuras penitenciarias, facilitando la introducción de objetos prohibidos, extorsiones, y tratos preferenciales, lo que socava la autoridad y el orden institucional.
  • Violencia Interna y Autogobierno/Cogobierno: La presencia de grupos delictivos que ejercen control en ciertas áreas de los penales (autogobierno o cogobierno) es un grave problema que genera violencia, extorsiones y obstaculiza la gobernabilidad por parte de las autoridades.
  • Déficit de Personal Capacitado y Profesionalizado: Existe una necesidad constante de más personal de seguridad y custodia, así como de personal técnico (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos) debidamente capacitado, evaluado y con condiciones laborales dignas para reducir la rotación y la vulnerabilidad a la corrupción.
  • Condiciones de Infraestructura y Equipamiento: Muchos centros presentan deterioro en su infraestructura, falta de equipamiento tecnológico para la seguridad y vigilancia, y carencias en los espacios destinados a los programas de reinserción (aulas, talleres, áreas deportivas).
  • Acceso a la Justicia y Debido Proceso para PPL: Persisten dificultades para que las PPL accedan a una defensa legal adecuada, conozcan su situación jurídica y puedan ejercer sus derechos procesales, incluyendo el acceso a beneficios preliberacionales.
  • Insuficiencia y Falta de Continuidad en Programas de Reinserción: Aunque existen programas, su cobertura, calidad y pertinencia pueden ser limitadas. La falta de recursos y personal especializado dificulta su correcta implementación y seguimiento.
  • Estigmatización y Dificultades para la Reinserción Post-penitenciaria: Las personas que han cumplido su condena enfrentan un fuerte estigma social y numerosas barreras para encontrar empleo, vivienda y reconstruir sus vidas, lo que aumenta el riesgo de reincidencia.
  • Atención a Grupos Vulnerables: Se requiere una mayor especialización en la atención a mujeres, personas indígenas, personas LGBTI+, adultos mayores y personas con discapacidad dentro del sistema penitenciario, garantizando sus derechos específicos.

El reconocimiento de estos desafíos es el primer paso para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan transformar el sistema penitenciario en un verdadero instrumento de justicia y reinserción social.

Reformas y Estrategias Gubernamentales para la Mejora del Sistema

El Gobierno de México, consciente de los retos y la importancia estratégica del sistema penitenciario, ha emprendido y continúa desarrollando diversas reformas y estrategias encaminadas a su fortalecimiento y modernización. Estas acciones se implementan desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el OADPRS, y en coordinación con los gobiernos estatales y otras instituciones.

Ejes Estratégicos:

  1. Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Se busca optimizar el uso de la prisión preventiva para que sea verdaderamente excepcional, y fortalecer el rol de los Jueces de Ejecución para garantizar la legalidad y el respeto a los derechos durante el cumplimiento de la pena.
  2. Modernización de la Infraestructura y Equipamiento Tecnológico: Inversión en la construcción, ampliación y remodelación de centros penitenciarios, así como en la adquisición de tecnología para la vigilancia, control de accesos, inhibición de señales de telefonía celular y sistemas de información penitenciaria.
  3. Profesionalización y Dignificación del Personal Penitenciario: Implementación de programas de reclutamiento, selección, capacitación continua (con énfasis en derechos humanos, perspectiva de género y protocolos de actuación) y mejora de las condiciones laborales del personal de seguridad, custodia y técnico.
  4. Fortalecimiento de los Programas de Reinserción Social: Ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los programas de educación, trabajo, capacitación, salud y deporte, buscando una mayor vinculación con instituciones externas y el sector productivo.
  5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gobernabilidad: Implementación de mecanismos de control interno, supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Estrategias para recuperar el control estatal en centros con problemas de autogobierno.
  6. Coordinación Interinstitucional: Fortalecimiento de la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, así como con el Poder Judicial, las Comisiones de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.
  7. Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Penitenciaria: Creación y consolidación de bases de datos unificadas y actualizadas que permitan una mejor gestión, planeación y toma de decisiones basadas en evidencia.
  8. Promoción de Medidas Alternativas a la Prisión y Justicia Restaurativa: Fomento del uso de salidas alternas al proceso penal y de sanciones no privativas de la libertad para delitos no graves, con el fin de reducir el hacinamiento y priorizar la cárcel para quienes representan un mayor riesgo social.
  9. Atención Especializada a Grupos Vulnerables: Desarrollo e implementación de protocolos y programas específicos para atender las necesidades de mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y población LGBTI+ en reclusión.

Estas estrategias requieren un compromiso sostenido, asignación de recursos adecuados y una evaluación constante de su impacto para lograr una transformación profunda y duradera del sistema penitenciario mexicano.

Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas

La transformación y el mejoramiento continuo del Sistema Penitenciario Mexicano no es una tarea exclusiva del gobierno; requiere la colaboración activa y vigilante de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general. El Gobierno de México reconoce la importancia de estos actores y promueve mecanismos para su involucramiento.

Participación Ciudadana:

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel crucial en el sistema penitenciario a través de diversas acciones:

  • Observación y Monitoreo: Realizan visitas a centros penitenciarios, documentan condiciones y emiten informes que contribuyen a la visibilización de problemáticas y la promoción de mejoras.
  • Prestación de Servicios: Muchas OSC ofrecen programas complementarios de reinserción social, asistencia legal, apoyo psicológico, talleres educativos y capacitación laboral dentro de los centros.
  • Incidencia en Políticas Públicas: Participan en mesas de diálogo, foros de discusión y presentan propuestas para la reforma de leyes y políticas penitenciarias.
  • Apoyo Post-penitenciario: Brindan acompañamiento a personas liberadas para facilitar su reintegración social y laboral.

La academia, por su parte, contribuye con investigación, análisis y generación de conocimiento sobre la realidad penitenciaria, lo que permite fundamentar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Transparencia y Rendición de Cuentas:

El Gobierno de México está comprometido con la transparencia en la gestión penitenciaria. Se busca que la información sobre el funcionamiento de los centros, el uso de los recursos públicos, las condiciones de internamiento y los resultados de los programas sea accesible para la ciudadanía, con las debidas reservas que impone la seguridad nacional y la protección de datos personales.

Mecanismos clave para la transparencia incluyen:

  • Informes Públicos: Las autoridades penitenciarias, como el OADPRS, publican informes periódicos sobre sus actividades y estadísticas.
  • Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP): Elaborado anualmente por la CNDH, este diagnóstico evalúa las condiciones de internamiento en los centros federales y estatales, y emite calificaciones y recomendaciones. Es una herramienta fundamental de rendición de cuentas.
  • Plataforma Nacional de Transparencia: A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden solicitar información pública específica a las autoridades penitenciarias.
  • Auditorías y Contralorías: Los órganos de control interno y externo realizan auditorías para verificar el correcto uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa.

Fomentar una cultura de transparencia y participación ciudadana no solo mejora la rendición de cuentas, sino que también contribuye a legitimar las acciones del Estado y a construir soluciones más efectivas y humanas para los desafíos del sistema penitenciario. Se invita a la ciudadanía a consultar el portal general del Gobierno de México www.gob.mx para acceder a información relevante sobre este y otros temas de la administración pública.

Conclusión y Perspectivas Futuras

El Sistema Penitenciario Mexicano se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos significativos pero también con un claro mandato constitucional y legal hacia la humanización y la reinserción social efectiva. La visión del Gobierno de México es transformar los centros de reclusión en espacios que, sin dejar de cumplir su función de contención y seguridad, prioricen la dignidad de las personas privadas de la libertad y les ofrezcan oportunidades reales para reconstruir sus vidas y reintegrarse productivamente a la sociedad.

Las perspectivas futuras del sistema penitenciario se centran en la consolidación de las reformas emprendidas, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la profesionalización continua del personal, la inversión en infraestructura y tecnología, y la ampliación de programas de reinserción basados en evidencia y con perspectiva de derechos humanos. Es fundamental seguir combatiendo la corrupción, el hacinamiento y la violencia interna, al tiempo que se promueven alternativas al encarcelamiento para delitos no graves y se fortalece el sistema de justicia restaurativa.

La participación activa de la sociedad civil, la academia y los organismos de derechos humanos seguirá siendo un pilar para la supervisión, la propuesta de mejoras y la construcción de un sistema más justo y eficaz. Asimismo, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades penitenciarias son indispensables para generar confianza y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en beneficio de la seguridad y la justicia.

El Gobierno de México reitera su compromiso de trabajar incansablemente para que el sistema penitenciario cumpla con su finalidad última: no solo castigar el delito, sino también transformar vidas y contribuir a la construcción de un país más seguro, pacífico y con oportunidades para todos. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, incluyendo los portales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

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