El Gobierno de México ha sido históricamente reconocido por sus esfuerzos en la reforma agraria, un tema de gran importancia en un país en el que la mayoría de la población vive en áreas rurales y depende de la agricultura y la ganadería para su sustento.
En este sentido, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) juega un papel fundamental en la implementación de políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida de los campesinos y garantizar el acceso a la tierra de manera justa y equitativa.
Desde su creación en 1976, la SRA ha trabajado en la regularización de la tenencia de la tierra, la protección de los derechos de los campesinos y la promoción de la agricultura sustentable. Además, ha sido un actor clave en la resolución de conflictos agrarios y en la creación de programas que buscan fomentar el desarrollo rural.
Entre los logros más destacados de la SRA se encuentra la creación del Registro Agrario Nacional, una base de datos que contiene información sobre la propiedad de la tierra en todo el país y que ha permitido una mayor transparencia en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra.
Otro programa importante impulsado por la SRA es el Procede, que busca regularizar la tenencia de la tierra en zonas de alta marginación y garantizar el acceso a los recursos naturales para los campesinos más pobres.
A pesar de los avances logrados por la SRA, la reforma agraria en México sigue siendo un tema pendiente. La concentración de la tierra en manos de unos pocos, la falta de acceso a créditos y tecnología, y la baja productividad agrícola son solo algunos de los desafíos que enfrenta el sector.
Por ello, es necesario seguir trabajando en políticas públicas que promuevan la justicia social en el campo, la protección de los derechos de los campesinos y el desarrollo rural sostenible. La Secretaría de la Reforma Agraria es un aliado clave en esta tarea y su trabajo es fundamental para lograr un México más justo y equitativo.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) promueve la construcción de asociaciones entre ejidatarios e inversionistas, con el propósito de detonar el desarrollo rural nacional y el bienestar de las familias campesinas.
Se trata de atraer capitales que estimulen el potencial de los ejidos y comunidades del país, en los que se concentra más de la mitad del territorio nacional, es decir 103.5 millones de hectáreas, de las cuales 9 de cada 10 están certificadas y debidamente documentadas.
La campaña alienta a los empresarios a invertir en el campo en asociación con los campesinos, aprovechando las condiciones de certeza jurídica en la tenencia de la tierra que hay en la mayoría de los núcleos agrarios.
Es de destacar el potencial de la propiedad social, en la cual se pueden desarrollar proyectos turísticos o ecoturísticos, ya que en ella está el 83 por ciento de las selvas y bosques, el 74 por ciento de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país.
Pero además, hay ejidos y comunidades cercanos a las ciudades, por lo que están en posibilidades de contribuir al desarrollo urbano ordenado, así como en proyectos inmobiliarios y de vivienda.
También sobre la propiedad social se puede desarrollar infraestructura, como por ejemplo carreteras, electricidad o presas.
Todo ello sin dejar de lado que los ejidos y comunidades mantienen su vocación para las actividades agropecuarias y, con la capacidad de las familias campesinas, tienen lo necesario para que la producción de alimentos crezca y mejore en el país.
Se fomenta que los campesinos sean parte de los proyectos de inversión y se beneficien de ellos para mejorar sus condiciones de vida, que los empresarios aprovechen las oportunidades de inversión que hay en ejidos y comunidades y que una asociación equitativa es en beneficio de todos.
Origen de la Cuestión Agraria en México
Para entender las peculariedades del agro mexicano es preciso hacer un poco de historia, así sea a grandes pinceladas. Conviene advertir que, sin pretender que el de México sea un caso único en la historia universal, sí representa el de una fusión muy eficaz de las formas prehispánicas de poseer y explotar la tierra con las modalidades que en esta materia prevalecían en España a principios del siglo XVI. Esta singular adaptación de las tradiciones de un país con las normas de otro explica la existencia y permanencia de la propiedad social de la tierra, así como de la constante lucha para mantenerla como una opción de vida y de organización para la producción agropecuaria.
Trasformación Institucional
La reforma al Artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, fue seguida por la promulgación de dos ordenamientos fundamentales: la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992. La primera determinó la creación de la Procuraduría Agraria, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y la transformación del Registro Agrario Nacional, en un órgano desconcentrado de la SRA. Mediante la segunda se crearon los Tribunales Agrarios, como órganos federales dotados de plena jurisdicción y anatomía, para dictar sus fallos en materia agraria en todo el territorio nacional. La Ley Agraria fue reformada y adicionada por decreto publicado el 9 de julio de 1993, fecha en que también se publicaron las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Otros ordenamientos importantes promulgados son el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria (30 de marzo de 1992) reformado en dos ocasiones: 30 de marzo de 1993 y 28 de diciembre de 1996; el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios (13 de mayo de 1992) reformado el 12 de julio de 1993 y el 13 de julio de 1994, y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional (11 de agosto de 1992) reformado el 27 de abril de 1993. Destacan por su importancia del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (6 de enero de 1993), el nuevo Reglamento Interior de la SRA (11 de julio de 1995) Y EL Reglamento De la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural (11 de enero de 1996).
MISIÓN
Proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios como entes fundamentales del primer eslabón del proceso productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien bienestar en el medio rural, con el consecuente cuidado en la preservación del medio ambiente y recursos naturales.
VISIÓN
Consolidar al Sector Agrario en un instrumento fundamental del proceso de modernización del medio rural, en un marco de justicia y equidad, que permita garantizar la seguridad jurídica a las diversas formas de la propiedad, la promoción de la organización y la capacitación a los sujetos agrarios, como medios para alcanzar el desarrollo rural integral.
OBJETIVO
La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.
Programas
La Secretaría de la Reforma Agraria tiene como uno de sus propósitos el impulso del desarrollo rural y acelerar la incorporación de las familias campesinas al desarrollo productivo del país.
Para ello apoya proyectos productivos en ejidos y comunidades a través de sus programas Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa), Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras.
Con estos programas, la Secretaría de la Reforma Agraria apoya la capacidad emprendedora de mujeres, hombres y jóvenes que habitan en núcleos agrarios, para que con sus proyectos productivos y su esfuerzo generen empleos, ingreso y puedan mejorar la calidad de vida sus familias y de su comunidad.
FAPPA
El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) está dirigido a mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios y que no son titulares de tierras, pero que tienen el propósito de poner en marcha proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
PROMUSAG
El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) está orientado a las mujeres que habitan en núcleos agrarios, y que se organizan para desarrollar un proyecto productivo que les permita obtener ingresos y con ello contribuyan a combatir la pobreza en el medio rural.
JOVEN EMPRENDEDOR RURAL
El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras fomenta el relevo generacional en la tenencia de la tierra, apoyando a los jóvenes de núcleos agrarios para adquirir o rentar tierra social. Los beneficiarios reciben asistencia técnica y capacitación para instrumentar proyectos productivos sustentables que mejoren sus ingresos y nivel de vida, arraigándolos en sus comunidades.
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